Esta norma, según el Gobierno, ‘pretende conseguir el impulso de la inversión productiva, la innovación y la modernización de las empresas, con reformas normativas para mejorar el clima de negocios e impulsar el emprendimiento en todo el territorio’; para ello ‘facilita la creación de nuevas empresas e impulsa su crecimiento al reducir los obstáculos regulatorios o financieros’.
La exposición de motivos de la norma reconoce que ‘una de las debilidades estructurales de la economía española está relacionada con los costes aparejados a la creación de nuevas empresas y con los obstáculos y desincentivos a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas para crecer. Entre estos obstáculos para crecer se encuentran barreras regulatorias y administrativas, fallos en el mercado único o la existencia de malas prácticas en el pago a proveedores. Estas últimas resultan particularmente onerosas para las pequeñas y medianas empresas (PYME), que sufren la presión sobre su liquidez y sobre su capacidad para hacer crecer su negocio’.
La principales novedades que destaca el propio Gobierno son:
- Posibilidad de creación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de un euro, y con un proceso más rápido y telemático.
- La lucha contra la morosidad comercial.
- Se promueve el uso de la factura electrónica en operaciones entre empresas y autónomos.
- Se amplía el catálogo de actividades económicas exentas de licencia.
- Se potencian los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial con la flexibilización los mecanismos de financiación alternativa como el crowdfunding, la inversión colectiva y el capital riesgo
El texto estará en audiencia pública hasta el 6 de septiembre.
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