Ayer, 15 de abril, se presentó en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) L’Aliança para la segunda Oportunidad. La Ley 255/2015 explica cuál es el objetivo de la normativa sobre segunda oportunidad: permitir que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer. El mecanismo para lograr tal finalidad pasa, en síntesis, en primer lugar, intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial con una mayoría de acreedores y, en caso de no lograrlo, liquidar judicialmente su patrimonio y cancelar las deudas. El beneficiario de tal medida debe ser una persona física de buena fe (según se define en la ley) que quiere pagar sus deudas pero no puede hacerlo. Su regulación actual se halla en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.
Como publica la nota de prensa del ICAB, su decana, Dña. Mª Eugènia Gay, destacó que una de las principales misiones de L’Aliança para la Segunda Oportunidad es superar las bajas cifras de la utilización de este recurso: en España se registraron durante el año 2020 un total de 8.507 concursos de personas físicas, de los cuales 6.874 se correspondieron con personas físicas no empresarias y 1.633 con personas físicas empresarias. El 34% de esos concursos han sido en Cataluña. En todo caso, muy por debajo de los procedimientos que se abren en Alemania (81.563) o Francia (111.424). Ha destacado también que en Cataluña 3.000 ciudadanos encontraron solución en 2020 a su situación de sobre endeudamiento a través de este mecanismo.
La decana del Colegio afirma que desde las Instituciones se tiene la responsabilidad de trabajar en beneficio de la sociedad, y con este espíritu y a través de L’Aliança para la Segunda Oportunidad, se tejerán redes colaborativas y se crearán grupos de trabajo, para mejorar, desde la experiencia compartida, el funcionamiento de este recurso tanto a nivel legislativo como estableciendo protocolos de buenas prácticas en beneficio de los profesionales y, sobre todo, de la ciudadanía.
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